La alcaldesa, Inés Rey, anunció esta mañana que la Xunta de Gobierno Local acordó desestimar las alegaciones que presentó el pasado día 20 de diciembre la UTE de Albada, después de recibir los informes de la Asesoría Jurídica que determinan que no tienen amparo y que no desvirtúan la decisión que tomaron la semana pasada de intervenir la empresa para que cumpla con los requerimientos de darles servicio a los ayuntamientos del Consorcio de las Mariñas y retirar inmediatamente el ERTE. Asimismo, se le otorgan a la concesionaria tres días naturales para comunicarle al Ayuntamiento la adopción de estas medidas correctoras que permitan continuar con el servicio tal como se les demandó en acuerdos firmados el 6 y el 27 de noviembre: "Este plazo de tres días naturales es para cumplir una previsión legal que está en la Ley de contratos del sector público", en que se recoge una nueva oportunidad de corrección antes de tomar la decisión definitiva.

Una vez transcurrido el dicho período sin recibir ninguna notificación por parte de la empresa, se efectuará la intervención el día 30 con el nombramiento de una o varias personas interventoras que garanticen ambas premisas que no se están realizando en la actualidad. Rey señaló que aunque no se sabe qué persona o personas serán las que se pongan al frente de la concesionaria, responderán, en todo caso, a un perfil técnico con una formación en la gestión empresarial y económica y un conocimiento específico en el sector del tratamiento de residuos urbanos.

La regidora aseguró que el Gobierno local llegó a esta situación por la decisión unilateral que tomó la UTE de interrumpir la prestación de recogida en el Consorcio y anunciar un ERTE sin apoyo y sustento legal y contractual. La intervención se producirá para evitar una crisis ambiental que podría crear desajustes graves con la acumulación de basura en las calles, teniendo en cuenta las fechas en las que nos encontramos, además de las consecuencias económicas, ya que sin darle cobertura al Consorcio se pondría en peligro la viabilidad de la planta. También apuntó el riesgo laboral en el que están los 38 empleados expedientados como otra de las razones que los llevaron a intervenir, con el objetivo de que mantengan las condiciones de continuidad, regularidad y calidad idóneas y que se reflejan en el convenio.