Una vez aclarado que las medidas tomadas por el Gobierno para proteger a las personas que viven de alquiler se refieren única y exclusivamente a aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, derivada de situaciones provocadas por el COVID-19, las medidas son las siguientes:

• Suspensión de todos los desahucios sin alternativa habitacional hasta que se cumplan 6 meses desde el fin del estado de alarma.
• Prórroga extraordinaria de 6 meses de los contratos de alquiler de vivienda habitual a punto de vencer, para evitar subidas abusivas aprovechando el COVID-19.
• Microcrédtos del Estado a tipo 0 de interés, a devolver en 6 años (ampliable a 10) para que quien caiga en situación de vulnerabilidad pueda hacer frente al pago de su alquiler.
• El Estado se hará cargo de las deudas de todos aquellos inquilinos en situación de vulnerabilidad por la crisis del coronavirus, que no logren salir de esa situación y finalmente no puedan hacer frente a la devolución de las ayudas públicas para el pago del alquiler que se van a poner en marcha
• Los grandes tenedores de vivienda deben realizar a sus inquilinos una quita del 50% o bien una reestructuración de la deuda en 3 años. Y, en cualquier caso, estos inquilinos también pueden acogerse a las líneas de ayuda públicas