Este Real Decreto es un primer paso para liberar nuestra naturaleza de los residuos plásticos y sensibilizar a los consumidores de la importancia de reducir el consumo de bolsas de plástico, contemplando la adopción de distintas medidas en una normativa ambiciosa en sus objetivos que convierte a España en uno de los tres países europeos (junto a Francia e Italia) en que se prohíben las bolsas de plástico ligeras y muy ligeras (salvo las compostables), y que hace de nuestro país el único de la UE que establece un contenido mínimo de plástico reciclado para las bolsas gruesas (más de 50 micras), una señal clara para incorporar el plástico reciclado, en la línea de los principios de la economía circular.

A partir del 1 de julio de 2018 se deben cobrar todas las bolsas. Se exceptúan las bolsas muy ligeras que se suministran como envase primario para alimentos a granel (necesarias para evitar el desperdicio alimentario) y las bolsas gruesas que tengan un porcentaje de plástico reciclado igual o superior al 70%, para fomentar el uso de plástico reciclado.

A nivel mundial terminan en los océanos todos los años de 5 a 13 millones de toneladas de plásticos, entre el 1,5 y el 4% de la producción total (solo en las aguas de la UE entre 150.000 y 500.000 toneladas anualmente), y las bolsas de plástico se encuentran entre los diez artículos de plástico presentes en nuestras basuras marinas. El 89% de las bolsas de plástico sólo se usa una vez durante 12- 25 minutos de media y tardan entre 100 y 500 años en descomponerse totalmente.

La sociedad española ha dado pasos hacia la sustitución definitiva de este consumo: en España se consumían 317 bolsas por habitante y año en 2007 y este consumo se ha reducido a 144 en 2014, pero no resulta suficiente y, mediante este Real Decreto, se extienden sus efectos a toda la cadena de consumo incluyendo el comercio minorista, grandes almacenes, distribución por internet y el resto de la cadena de consumo.