El Ayuntamiento ha previsto comenzar a negociar con la Autoridad Portuaria la progresiva apertura a la ciudad de los muelles de Calvo Sotelo y Batería, un proceso que puede empezar este mismo año y que debe culminar con la apertura completa de dichos muelles en 2021.

Desde Urbanismo explican que el primer paso para la apertura de los terrenos portuarios a la ciudad "debe ser relativo a la movilidad, tanto la peatonal como la rodada". Por eso, en el marco de la reordenación del tráfico prevista para la plaza de Ourense, el equipo de gobierno prevé poder contar con los terrenos portuarios de Calvo Sotelo y Batería a fin de dar una solución definitiva que facilite un mejor acceso al túnel de la Marina tanto desde Linares Rivas como desde la avenida de Arteixo.

Además, tal y como señalaron responsables de la concejalía, la próxima humanización del eje Marina-Cantones obligará a mover la parada de autobuses de Entrejardines a otra localización, con el objetivo de mejorar la conexión peatonal entre los diferentes ámbitos de los jardines de Méndez Núñez.

El equipo de gobierno propone trasladar el intercambiador de buses metropolitano al espacio ubicado entre el Centro de Ocio del Puerto y la sede de Puertos de Galicia, "una localización igual de céntrica que la actual que permitiría una mayor dotación de dársenas para autobuses así como mayores marquesinas y zonas de espera", subrayan.

El Gobierno local busca aprovechar el espacio de los muelles de Batería y Calvo Sotelo para dar solución con carácter definitivo a los problemas de movilidad actuales, y en paralelo estudiar la ordenación futura de dichos terrenos donde deben de primar las dotaciones públicas y los espacios libres, para lo cual se tomarán como punto de partida los Estudios Previos para la Reordenación Urbanística del Puerto y la Estación de San Diego contratados en la anterior legislatura.

Negociación de fondo

Para eso, aseguran, es necesario llevar a cabo "una negociación de fondo y a más largo plazo" que afecte tanto a los Convenios de 2004, como a la ordenación recogida en el Plan General, en la cual los convenios deben de adaptarse a la actual realidad económica y urbanística siempre con la garantía de que los suelos desafectados no pierdan la titularidad pública con independencia de los usos que se puedan exponer, que deben de ser diversos para poder "construir una ciudad más sostenible y segura".