Abogado por la Universidad Internacional SEK de Ecuador, tiene estudios de posgrado en Gobierno y Gerencia Pública en el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile; becario y Fellow del Programa de Liderazgo y Competencia Global (GCL) de la Universidad de Georgetown, USA, fundador y presidente de la Asociación Escuela de Derecho de la Universidad SEK de Ecuador desde 2008 a 2012.

Actualmente es Director Metropolitano de Participación Ciudadana del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, desde el año 2017. Previamente trabajó como Coordinador Metropolitano de Participación Ciudadana desde el año 2015. Durante estos períodos se desarrolló la nueva Ordenanza Metropolitana de Participación Ciudadana del Municipio de Quito, así como su reglamento y procesos de los mecanismos de participación ciudadana de Quito. Desde el año 2014 trabajó como Coordinador de la Unidad de Participación Ciudadana en el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos de Ecuador, y posteriormente como Director de Coordinación Interinstitucional y Proyectos con el Sector Justicia en la misma institución.

Durante el período universitario formó parte del Observatorio de la Política Laboral como investigador, tiempo en el que se realizaron estudios de investigación sobre la situación laboral de los migrantes ecuatorianos en Nueva York, USA; así como también sobre derechos laborales de las mujeres en Ecuador.

El 3 de marzo del 2016 el alcalde del municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Mauricio Rodas Espinel, sancionó y promulgó la Ordenanza Metropolitana 102 (OM102) que promueve y regula el Sistema Metropolitano de Participación Ciudadana y Control Social, generando nuevos mecanismos de participación que implican cambios importantes tanto en la gestión interna municipal como en la gestión con la ciudadanía. Esta normativa, enfocada en un sistema integral y articulado de participación ciudadana, se generó principalmente con la finalidad de crear procesos metodológicos claros, efectivos y eficientes en los presupuestos participativos de la ciudad, que decantan en una planificación participativa coordinada, gradual y secuencial a ejecutarse cada año. Es así como, en la actualidad, mediante la emisión anual de un instrutivo de presupuestos participativos desarrollado desde el 2015, la ciudadanía ejerció su derecho a la participación mediante un proceso deliberativo y vinculante, a través del mecanismo de asambleas ciudadanas, decidiendo cada año sobre más de $23 millones de dólares. Con este proceso, se logró una ejecución anual de los presupuestos participativos, que supera el 87%. Trajo beneficios importantes para la gestión local, ya que generan un uso eficiente de los recursos públicos, así como la ejecución de más de 2250 obras y proyectos sociales acordes a las necesidades de la ciudadanía y por lo tanto de la ciudad.