El Ayuntamiento ha presentado, conjuntamente con Santiago de Compostela y Ferrol, una serie de alegaciones al proyecto de decreto que desarrolla la Ley de Inclusión Social de la Xunta, en lo que atañe a la tramitación de la Renta de Inclusión Social de Galicia, de cara a conseguir una revisión que, en palabras de la concejala de Xustiza Social e Coidados, Silvia Cameán, "permita adecuar esta prestación a las necesidades de las personas destinatarias, vecinos y vecinas que se encuentran en situación o riesgo de exclusión social". "La red de prestaciones mínimas debe de llegar al conjunto de las personas, garantizando que todas tengan unos ingresos suficientes para vivir con dignidad y cuenten con servicios de apoyo suficientes. Las políticas sociales deben de estar formuladas de tal manera que todas las personas ganen, deben de ir dirigidas al conjunto de la población y ser accesibles a todo el vecindario que, por sus circunstancias personales o sociales, necesiten de tales políticas", recoge el documento registrado el pasado viernes, que, según hace constar, va dirigido a intensificar "los esfuerzos en el combate a la desigualdad y dar pasos valientes que pongan en el centro a las personas". "De lo que se trata -incide la concejala Cameán- es de desarrollar servicios públicos universales de calidad dirigidos a la reducción de las desigualdades. Si las políticas sociales no se hacen desde la perspectiva universal corremos el riesgo no solo de que no resulten valoradas, sino que supongan un enfrentamiento por la disputa de los recursos de las clases bajas o medio bajas, con los colectivos en situación de pobreza, y así lo recogemos en nuestras alegaciones".

En palabras de la concejala de Políticas Sociais, Diversidades e Saúde, de Santiago de Compostela, Concha Fernández, "la Risga es un marco normativo a superar, muy insuficiente y con cuantías que no permiten una vida digna y con oportunidades. Es excluyente no solo con las personas migrantes irregulares, sino también con las personas irregulares sobrevenidas. Esta prestación está además excesivamente condicionada y burocratizada, por eso no llega a quien necesita ni con la agilidad que requieren las situaciones de riesgo", lo que obliga a que los ayuntamientos impulsen mecanismos propios que lleguen a las personas a las que no llega la Risga, "a pesar de que en el local no ostentamos dichas competencias". Fernández señala también que "no se prevé ninguna posibilidad de participación en el desarrollo y seguimiento del presente decreto, ni para las entidades locales, responsables de los Servicios Sociales Comunitarios, ni para el personal técnico de los colegios profesionales, ni para las entidades sociales que conocen, orientan, asesoran; formas de participación y seguimiento -añade- que están previstas en otras normativas semejantes como la Ordenanza de Garantía Básica Cidadá del Ayuntamiento de Santiago o la Renta Garantizada de Ciutadanía catalana". En la misma línea, la concejala de Benestar Social de Ferrol, Saínza Ruíz, destaca que este decreto de la Risga "primeramente es que está hecho de una manera unilateral por la Xunta de Galicia, sin contar con el colegio profesional de trabajo social, sin participación social y sin tener en cuenta a los ayuntamientos gallegos que son los que van realmente a hacer el trabajo desde los servicios sociales comunitarios".

El texto formula enmiendas al proyecto de decreto de la Xunta, encaminadas, entre otras cuestiones, a incluir "una necesaria revisión de las cuantías mínimas de las prestaciones sociales gallegas". Según se pone de relieve en el documento firmado por los tres ayuntamientos, "es responsabilidad de los poderes públicos actualizar y adecuar la cuantía de las prestaciones mínimas a la situación socioeconómica del entorno y garantizar ingresos mínimos suficientes para la cobertura de las necesidades básicas y el ejercicio de los derechos fundamentales"; en ese sentido, la responsable coruñesa de Xustiza Social e Coidados señala que la cuantía de las prestaciones debería de ser acorde con el Salario Mínimo Interprofesional, que debe tomarse como criterio para la determinación de las cuantías de las prestaciones sociales que se prevén en la ley 10/2013. "No se puede aceptar que en el año 2018, teniendo incorporado como criterio de referencia el Salario Mínimo Interprofesional, se parta como base del tramo personal el 75 % del IPREM, 403,38 euros", observa, en alusión a las estipulaciones del decreto, del que censura que establece cuantías "insuficientes".

Las alegaciones presentadas por A Coruña, Santiago de Compostela y Ferrol cuestionan, además, los criterios para la valoración de la situación de exclusión social o de riesgo de exclusión de las personas solicitantes y censuran que el proyecto para desarrollar la ley autonómica mantenga la exigencia de algún factor de exclusión social, "lo que vuelve a dejar fuera de acceso a esta prestación de un colectivo poblacional importante que presenta como único factor la carencia de recursos económicos". "Es deber de los poder públicos garantizar de modo efectivo los derechos fundamentales de todas las personas, y entre esos derechos se incluye tener una vida digna, lo que requiere contar con unos ingresos y servicios suficientes para poder vivir adecuadamente y una protección que permita expectativas de futuro y la capacidad de tomar decisión de modo libre y autónomo", hacen notar a la Xunta los tres ayuntamientos.

El informe con las alegaciones evalúa también los criterios generales para el caso específico de las prestaciones económicas para la atención de las personas en situación de dependencia, en concreto en lo relativo a las personas beneficiarias de la Risga que, al tiempo, perciben libranza para cuidados en el ámbito familiar, y a las que el decreto de la Xunta aplica la regla de la compatibilidad y la deducción de estos ingresos. Las tres administraciones locales alertan de que descontar las libranzas de cuidado "significa no reconocer económicamente (y socialmente) los trabajos de cuidado de personas dependientes y ahonda en el boquete salarial que sufren las mujeres cuidadoras, y por lo tanto es contrario a los principios de la Ley de Autonomía Personal y de la Ley de Igualdad de Galicia". En lo relativo a las personas en situación de dependencia y menores de edad, el documento de alegaciones señala también que las cuantías que están recibiendo los dos colectivos "no están suponiendo un elemento de protección social, por la baja cuantía" y proponen que no se deduzca del importe de la Risga ninguna prestación económica que pudieran estar recibiendo cualquiera de los dos colectivos, es decir, ninguna de las libranzas de dependencia, las prestaciones por hijos o hijas a cargo, los acogimientos familiares remunerados o cualquier otra que se pudiera articular desde empresas -hay algunas que contemplan este tipo de prestaciones dentro del convenio colectivo de las personas empleadas-, otras administraciones públicas o, incluso, desde entidades sociales, para contribuir a su bienestar.

Del mismo modo, el documento de los tres ayuntamientos advierte que "en ningún caso la situación de residencia legal puede ser un requisito de acceso" y cuestiona también que el proyecto de decreto excluya de la prestación autonómica a aquellas personas que tengan la edad mínima para poder solicitar una pensión no contributiva por jubilación. "Una vez más, se ponen en serios problemas a las personas emigrantes retornadas, que teniendo 65 años, no cumplen el requisito de residencia en España para tener derecho a la pensión no contributiva. Por lo tanto, se debería modificar este limite de edad y adecuarlo a la normativa en materia de pensiones", proponen. También, los tres ayuntamientos reclaman que se elimine la incompatibilidad de la Risga con la pensión no contributiva al entender que las personas beneficiarias de esta prestación se encuentran en una situación de precariedad. "Este decreto unilateral de política social contempla que la Risga y las pensiones no contributivas son incompatibles, algo con lo que no estamos de acuerdo ya que las personas con estas pensiones están en una situación de precariedad absoluta y con un salario por debajo del mínimo interprofesional, que sólo suele llegar para cubrir gastos de alimentación. No podemos tolerar que sea incompatible con la Risga ya que estarían dejando nuevamente a las personas pensionistas en una situación precaria y muy lejos de la situación de otras pensiones gallegas", censura la concejala de Benestar Social de Ferrol, Saínza Ruíz.