El Gobierno local inició el proceso para resolver el contrato de la empresa concesionaria del mantenimiento de los parques y jardines históricos de la ciudad debido a la comisión de dos infracciones de carácter muy grave. La Concellería de Medio Ambiente remitió hoy la comunicación a la empresa IMESAPI, adjudicataria del contrato de conservación y mantenimiento de Parques y Jardines en su lote 4 relativo a las áreas históricas de la ciudad, que tiene 15 días para formular las alegaciones y presentar la documentación y justificaciones que considere para la defensa de sus intereses.

El Ayuntamiento propuso la resolución del contrato tras constatar deficiencias en la prestación del cuidado de los jardines más antiguos de la ciudad, precisamente los que albergan las especies con mayor valor natural y con más relevancia histórica y patrimonial. Estas deficiencias se concretaron en dos infracciones graves. La primera de ellas, por incumplir en reiteradas ocasiones la orden dada desde la Jefatura de la Sección de Jardines en lo referente al control de plagas que pueden afectar a especies de árboles de extraordinario valor histórico y natural de estos espacios verdes, una cuestión, como indica el departamento, de "extrema gravedad" por el riesgo que puede suponer para los ejemplares. Además, el personal técnico de la concejalía detectó, y así lo manifestó en dos informes, "la deficiente prestación" en el servicio y dejadez "en la conservación y mantenimiento" en siete jardines históricos de la ciudad -Méndez Núñez, San Carlos, Campo da Leña y plaza de las Atochas, Obelisco, plaza da Fariña, plaza del Libro y cementerio de San Amaro-, que presentan mal estado de conservación, falta de poda en árboles y arbustos, mal estado del césped o falta de limpieza de la vegetación adventicia, entre otras, como se constató en base a las inspecciones realizadas. Estas deficiencias, que "afectan prácticamente a todo el ámbito territorial del contrato", son la causa de la imposición de una segunda infracción grave.

El Gobierno local advirtió y ya sancionó a la concesionaria en ocasiones anteriores por muchas de las deficiencias que vuelven a recoger los últimos informes -una leve de 800 euros y otra muy grave de 6.001 euros- sin que la imposición de estas penalizaciones significaran un cambio de actitud por parte de la empresa ni un intento por corregir las deficiencias detectadas. Debido a esta experiencia, el Gobierno local decidió iniciar el proceso para resolver el contrato, acogiéndose así a la penalización más alta estipulada en los pliegos del contrato.