La Concellería de Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda trasladará mañana viernes a la Junta de gobierno local, que se reúne en sesión extraordinaria, la propuesta para modificar la ordenanza de protección contra la contaminación acústica, a fin de ajustar el plazo de resolución del procedimiento al trámite administrativo y evitar así la caducidad de los procedimientos sancionadores por incumplimiento de esta norma, manteniendo, al tiempo, todas las garantías para las personas denunciadas. De este modo, el Ayuntamiento ha previsto ampliar de tres a seis los meses del tiempo máximo de resolución del expediente sancionador, lo que supone, como indica el concejal de esta área, Xiao Varela, recuperar el plazo que se establecía antes de la entrada en vigor de la Ley 39/2015, que fijó en tres meses el período de tramitación de estos expedientes. El cambio, como señala Varela, responde a la voluntad, por parte del gobierno local, de otorgar "el tiempo suficiente para realizar los trámites fijados por esta ley que se les requieren a las personas denunciadas en un procedimiento de este tipo para hacer uso de sus derechos, trámites que son complejos y deben de ser muy garantistas", y, al tiempo, evitar la caducidad por vencimiento del plazo "y garantizar la efectiva protección del vecindario contra la contaminación de ruido que se prevé en la ordenanza, a través de los instrumentos jurídicos adecuados".

La norma municipal, como recuerda Varela, tiene como objeto la prevención, control y corrección de la contaminación acústica dentro del municipio en sus formas más significativas, como son el ruido y las vibraciones, con la finalidad de proteger la salud de la ciudadanía y contribuir a mejorar la calidad ambiental de la ciudad. "En una ciudad llena de actividad y de posibilidades de ocio y culturales, el Ayuntamiento debe de buscar las herramientas que permitan hacer compatible y promover esa riqueza con el descanso del vecindario y con su derecho de vivir la ciudad plenamente, al igual que ocurre con el procedimiento de regularización de las terrazas en las calles con el centro, que además de favorecer el equilibrio entre oferta hostelera y respeto por la ciudadanía garantiza el derecho de los y de las vecinas a la asistencia de emergencia en estas calles", indica el concejal. Del mismo modo, incide en que la modificación en la ordenanza no tiene ni tendrá repercusiones económicas para las arcas municipales.

En el mismo sentido, la concejala de Igualdade e Diversidade, Rocío Fraga, competente en materia de Seguridade Cidadá, señala que, de cara a mejorar los plazos de gestión en estos procedimientos, la Policía Local ha asumido las labores de notificación de estas propuestas de sanción, "lo que permite agilizar este trámite, al favorecer que esas notificaciones puedan hacerse las 24 horas del día, y no únicamente en horario administrativo".