El concejal de Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda, Xiao Varela, asistió hoy en Madrid a la presentación de la proposición de ley para la regulación de los alquileres abusivos y la mejora de las garantías y el acceso a la vivienda en alquiler por parte del grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos - En Comú Podem - En Marea, una iniciativa que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña, así como de otras seis ciudades del Estado que suman más de siete millones de habitantes, como son Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Córdoba, Cádiz y Santiago de Compostela. "Los gobiernos locales somos las administraciones más próximas a la ciudadanía y las que sufrimos en primera instancia una legislación como la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos, que desprotege los vecinos y vecinas que viven de alquiler y que redujo sus garantías como demuestra que los mayores problemas en las ejecuciones hipotecarias sean a causa de alquiler", explica el edil. Por esto, el Ayuntamiento "considera necesaria una nueva iniciativa legislativa que garantice unos derechos del vecindario que no quiso proteger el gobierno de Mariano Rajoy y que tenga en cuenta también la opinión y la experiencia de las administración locales como las más próximas y en contacto con la realidad que vive la ciudadanía".

La proposición de ley intenta revertir las reformas que el Gobierno del Estado llevó a cabo en 2013 y que, como censura Varela, "solo sirvieron para ahondar en las dificultades para acceder y mantener una vivienda mientras en las ciudades fue creciendo la especulación inmobiliaria". Esto se concreta, por ejemplo, en el paso de los contratos de los cinco a los tres años, el recorte de garantías para las personas arrendatarias o las exenciones fiscales para las Socimis, las sociedades de inversión que especulan con el alquiler. La proposición de ley pretende que el alquiler sea una opción estable, asequible y segura para la población a través de la implantación de nuevo de los contratos de cinco años y, en caso de los grandes propietarios, incluir la posibilidad de una prórroga obligatoria de otros cinco si la persona o personas inquilinas cumpliron con todos sus deberes contractuales.

La proposición de ley incrementa también las acciones que pueden tomar los gobiernos locales que, en coordinación con las administraciones autonómicas, podrán declarar áreas urbanas de mercado de vivienda tensionado en las que, temporalmente y de forma justificada con criterios justificados, pueda implementarse una regulación de precios que permita contener las rentas para evitar subidas abusivas de alquileres. "La aprobación de este texto supondría que los gobiernos de las ciudades sumáramos capacidad de acción gracias a una herramienta efectiva para frenar la especulación y los precios y facilitar así el acceso a la vivienda de la población, una problemática que afecta cada vez más a las ciudades", observa el responsable municipal.