La concejala de Medio Ambiente, María García, firmó esta mañana con Ecoembes -la asociación que engloba las empresas envasadoras de productos a nivel estatal- y la UTE Albada -como concesionaria municipal- el convenio necesario para posibilitar el inicio de las obras en la planta de Nostián que la Xunta de Galicia acordó realizar para mejorar la recuperación de envases, en compensación por la bajada del importe por envase recuperado -de un 15%- que el Gobierno autonómico hizo efectiva a inicios de este año. Esta firma, que, como señala la responsable municipal, es la fórmula jurídica necesaria que permite la inversión en la planta, se realizó el mismo día en el que la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta convocó la comisión de seguimiento del convenio marco entre Ecoembes y la propia Xunta -documento en el que se estipula, tanto la bajada de precio de esta clase de residuos como la compensación a través de la obra de Nostián-, "un paso que llevábamos reclamando y por el que esperábamos para poder agilizar las actuaciones en la planta, cuyo retraso está causando cuantiosas pérdidas tanto a A Coruña como a los ayuntamientos del Consorcio das Mariñas, por la bajada de ingresos que reciben por la recuperación de envases y plástico film". Con todo, y como hace notar García, pese a que el Gobierno local apuró al máximo para realizar estos trámites para que la obra pueda licitarse, estos no podían iniciarse sin la convocatoria, por parte de la Xunta, de la comisión de seguimiento, que autoriza las actuaciones de Ecoembes en Nostián. Las obras tienen una previsión de seis meses, de manera que tanto el Ayuntamiento como el Consorcio acusarán a las pérdidas derivadas de la rebaja del precio de los envases durante todo este año, cuantificadas en un mínimo de 1,2 millones de euros, dado que la pérdida de ingresos supera al mes los 100.000 euros.

"Llevamos desde junio del año pasado alertando de esta situación, pero la Xunta no quiso poner en tiempo la solución al procedimiento, y meses después nos pasa la pelota para solucionar un proceso complejo, como es la licitación de esta obra, cuando la decisión fue unilateral de ellos y la determinación de los plazos también fue de la Xunta de Galicia", censuró García, que esta mañana acudió a la convocatoria de la Xunta para "poner fin a este duro proceso de negociación". "La Consellería de Medio Ambiente de la Xunta debería estar actuando con mayor lealtad y mayor diligencia, apoyando a una administración local en la gestión de los residuos, ya que tendría que defender los intereses de los ayuntamientos y no de las empresas envasadoras, algo en lo que en la Xunta, hasta el momento, falló", lamentó, recordando que la inversión de 600.000 euros que la Xunta estableció para Nostián no es sino "una compensación por el descenso del pago por envases recuperados, para compensar esa bajada, que en ningún momento compensa las pérdidas". "Lo lógico habría sido que la reducción de ingresos entrara en vigor una vez realizadas las obras, que se hacen para mejorar la capacidad de recuperación, como así lo venimos pidiendo desde 2016 en las diferentes alegaciones que se hicieron desde A Coruña y desde el Consorcio, una demanda que, como se ve, no se atendió, ni en tiempo ni en forma", incidió. Como también quiso destacar García, tanto A Coruña como los ayuntamientos del Consorcio son, a través de Nostián, quien más está reciclando en esta materia a nivel Galicia. "Entendemos la actitud de la Consellería de Medio Ambiente penaliza a quien lo hace bien", criticó.

Por otra parte, y preguntada por los medios por el sellado de dos vasos de la planta de Nostián, la concejala recordó que las obras competen a Albada y que es la Xunta, "como administración competente en esta materia en este tipo de instalaciones", quien debe velar por el cumplimiento de este deber, que está pendiente desde el año 2007. "Esta escombrera supone una de las principales fuentes de gases de efecto invernadero de la ciudad después del tráfico rodado", advirtió la responsable municipal, quien volverá a reclamar a la Xunta que haga cumplir el sellado, tal y como le viene reclamando el Gobierno local en los últimos dos años a través de distintos requerimientos, "para poner fin a una década de inacción".