El grupo que sustenta el Gobierno local presentará en el próximo Pleno municipal, que tendrá lugar este lunes, día 3, una moción para exigir al Gobierno del Estado que dote de fondos necesarios el proyecto para el desarrollo económico de la conexión ferroviaria del Puerto Exterior de A Coruña. La iniciativa pone de relieve que la inversión en esta conexión, cuya Declaración de Impacto Ambiental (DIA) fue aprobada el pasado lunes y que carece de partida específica en los Presupuestos Generales del Estado de este año, "es una condición fundamental" para la viabilidad de la infraestructura de Punta Langosteira. Tal y como se recoge en el documento que será sometido al Pleno ordinario de mañana, la aprobación de la DIA del Proyecto de Conexión Ferroviaria de Punta Langosteira, publicada en el BOE del 26 de junio y que llevaba más de un año en espera de recibir informe positivo del Ministerio de Medio Ambiente, solventa uno de los requisitos imprescindibles para la redacción y aprobación definitiva del proyecto constructivo y la ejecución de la conexión ferroviaria, "pero no da respuesta a la necesaria dotación presupuestaria para la construcción de una infraestructura que, según recogen todos los informes de viabilidad del Puerto Exterior y del Tribunal de Cuentas, resulta esencial para la viabilidad funcional y operativa del Puerto Exterior y para el futuro sostenimiento económico-financiero de Punta Langosteira".

El texto recuerda que "la operatividad en plenas garantías" del Puerto Exterior, una infraestructura que considera "clave" para el desarrollo de la ciudad, "es una condición necesaria para la sostenibilidad económica y financiera de la Autoridad Portuaria de A Coruña, cuya deuda a largo plazo supera los 300 millones de euros y que está derivada, en gran medida, por la ejecución de las obras de Langosteira". "La operatividad del Puerto Exterior en el menor plazo posible resulta fundamental para garantizar la viabilidad económica de la Autoridad Portuaria, cuyo equilibrio de la situación patrimonial debe venir dado por la generación de recursos a través de la actividad de negocios, y no a costa de la privatización de terrenos que, históricamente, son patrimonio de la ciudadanía y deben quedar en manos y gestión pública", señala la moción, que destaca que la Cámara municipal ya aprobó mociones en este sentido. Así, el grupo que sustenta el Gobierno busca el acuerdo de la Corporación para solicitar al Estado el aligeramiento de la carga financiera que soporta la Autoridad Portuaria, derivada de los préstamos de financiación para la construcción del Puerto Exterior, así como de la inclusión de medidas de flexibilización de pago, "una petición que, tal y como indica el texto, "es similar a la que se está haciendo y negociando en otros ayuntamientos del Estado".

A mayores, la moción busca instar al Gobierno central a modificar la normativa estatal portuaria, en concreto del Fondo de Financiación de Accesibilidad Terrestre, a los efectos de amparar la ayuda y financiación directa de Puertos del Estado a las obras de construcción, sustitución y modernización de las infraestructuras portuarias, incluidas las de acceso, en virtud de la modificación del Reglamento 652/2014 aprobada el pasado 17 de mayo por la Comisión Europea en lo relativo a las ayudas en materia de este tipo de infraestructuras, según la cual los Estados pueden efectuar inversiones públicas de hasta 150 millones de euros en los puertos marítimos, incluidos sus accesos --por conexión de carretera o ferroviaria-- así como el dragado de los puertos.

Refugio en el Estado Español

Por otro lado, el grupo de Gobierno también presentará mañana ante la Cámara otra moción basada en la Declaración de Barcelona sobre Las Ciudades ante la realidad del Refugio en el Estado Español, para instar al Gobierno central a dar cumplimiento a los acuerdos de la Comisión Europea de mayo de 2015 de reubicación y asentamiento de personas refugiadas, en los que se comprometió a dar acogida de 17.337 personas refugiadas. En la misma declaración, las ciudades firmantes, entre las que se encuentra A Coruña, recuerdan "el compromiso de colaboración activa que siempre mostraron en el proceso de apertura de plazas para personas refugiadas", así como en el desarrollo del Programa Estatal de Refugio, por lo que a través de la moción se exigirá al Gobierno central a replantear el procedimiento de atención social a los y a las solicitantes de asilo, y que establezca sistemas de coordinación eficientes con las comunidades autónomas y las principales ciudades, de forma que "se permita contar con información actualizada sobre los contingentes de personas refugiadas trasladadas a los municipios, así como información sobre su llegada efectiva y la previsión anual".

Al hilo, el texto también insta a la Administración central a proporcionar información pormenorizada del destino de los Fondos de Asilo, Migración e Integración (FAMI) procedentes de Europa "para asegurar que se destinan a la acogida de personas que buscan refugio". Tal y como indica la moción, este fondo propuesto por la Comisión Europa está dotado de un total de 3.317 millones de euros para el período 2014-2020 para hacer frente --desde los distintos estados miembros--, a la llamada Crisis de los y de las Refugiadas, "pero los municipios del Estado Español que quieren desarrollar planes de acogida no pueden acceder a estos fondos", por lo que se solicita también la previsión de un mecanismo para co-financiar los costes derivados de los procesos de atención e integración de las personas migrantes facilitando el acceso a aquellos fondos europeos "para poder optar al desarrollo de programas municipales de acogida complementarios al Programa Estatal, "tal y como sucede en otros países de la Unión Europea". "La falta de coordinación", según expone el texto, "genera unos impactos a nivel local que obligan a destinar una gran cantidad de recursos para asegurar un mínimo de dignidad, circunstancia que podría afrontarse con mucha más eficacia con una mínima coordinación y a través de los marcos de una relación de lealtad institucional". A mayores, la iniciativa buscará solicitar una reunión de carácter urgente entre los municipios y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con el objeto de abordar "una solución satisfactoria".