El Pleno municipal dio luz verde esta tarde a una declaración institucional presentada por el grupo de gobierno por la que el Ayuntamiento de A Coruña muestra su rechazo público ante la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra por el conocido como caso de 'La manada', al entender que esta "minimiza e infravalora los hechos al no considerarlos agresión sexual y al no tener en consideración el agravante de realizarse los mismos en grupo". El texto de la declaración, que contó con el apoyo de todos los grupos de la Cámara, indica que la sentencia que impone a los cinco acusados una pena por delito de abuso sexual continuado con prevalencia, pero desestima el empleo de la intimidación y violencia necesarias, según el Código Penitenciario, para ser tipificada como agresión sexual, "favorece la impunidad de las agresiones machistas y envía un mensaje que desacredita las vivencias de las mujeres que sufren estas agresiones". Asimismo, el texto aprobado también incide en que la sentencia "coloca el foco en el comportamiento de la víctima y no de los agresores de cara a apreciar o no la existencia de intimidación" y destaca que el fallo "pone de manifiesto la necesidad de introducir la perspectiva de género en la formación de las personas que desarrollan tareas judiciales, policiales y de otra índole en las diversas instituciones del Estado".

El Ayuntamiento de A Coruña apoya esta declaración institucional en la valoración que numerosas expertas jurídicas y entidades feministas y de mujeres realizaron de esta resolución judicial en las últimas dos semanas y acuerda, más allá del rechazo público a la sentencia por descartar la existencia de intimidación a pesar de que esta pueda desprenderse claramente del relato de los hechos probados, "instar a las Cortes Generales del Estado a estudiar la necesidad de proceder a los cambios legislativos que fueran precisos para que se reconozca el sexo sin consentimiento como violación, en el marco del Convenio de Estambul". Del mismo modo, la citada declaración institucional también muestra "el apoyo incondicional" por parte del Ayuntamiento de A Coruña "a todas las víctimas, muchas veces invisibles, de abusos, agresiones sexuales y cualquier tipo de violencia hacia las mujeres, así como a todas las movilizaciones sociales que persigan este objetivo".

Modificación en el anexo de subvenciones

Por otro lado, el Pleno municipal aprobó sendos expedientes de modificación del anexo de subvenciones nominativas de este ejercicio. El primer expediente recoge un suplemento por valor de 10.000 euros en la aplicación de los convenios nominativos de Deportes para financiar un nuevo convenio con la entidad Atlético Coruña Montañeros para el fomento de la práctica del fútbol, y un segundo suplemento de crédito, en este caso por 8.000 euros, que serán destinados a un nuevo convenio con la Asociación Cultural y Deportiva Faro de Monte Alto para contribuir al sostenimiento de los gastos generales de la entidad y de todos aquellos derivados de las actividades desarrolladas por la misma en 2017. Estos dos suplementos se financian con bajas en los servicios de Deportes y Cultura que pueden ser asumidos sin perjuicio alguno para el correcto desarrollo de los servicios. Del mismo modo, el Pleno dio luz verde a otras dos modificaciones del anexo de subvenciones nominativas a la Universidad de A Coruña y la Confederación Gallega de Personas con Discapacidad. Ambas modificaciones no afectaban a las cuantías económicas, sino a la redacción de la finalidad de los convenios.

El Pleno municipal también dio luz verde, con la única abstención del PP, a la aprobación inicial de un suplemento de crédito por valor de 70.000 euros aprobado por el Ayuntamiento Rector del IMCE para la financiación de dos convenios nominativos con la Asociación Sociocultural Acampa destinado a las actividades desarrolladas el pasado año y las que se llevarán a cabo este 2018 dentro del programa cultural por la paz y para el refugio, donde se pone de manifiesto la realidad de miles de personas migrantes. El concejal de Culturas, Deporte e Coñecemento, José Manuel Sande, destacó que este suplemento de crédito se financia a cargo del propio remanente de tesorería para gastos generales del IMCE, por lo que no es precisa ninguna modificación presupuestaria a mayores.

Reconocimiento extrajudicial

Por otra parte, los votos conjuntos de PSOE y PP tumbaron la aprobacion del expediente de reconocimiento extrajudicial correspondiente a facturas de ejercicios pasados por valor de 1,3 millones de euros, entre las que destaca la relativa al servicio de recogida de la basura correspondiente a diciembre del pasado año por un importe de 848.236 euros, que se acoge a esta fórmula mientras no se procede a la licitación del próximo contrato, tras 50 años de vigencia del anterior. A pesar de tratarse, como advirtió la concejala de Medio Ambiente, María García, de una fórmula administrativa común, socialistas y populares se unieron para evitar "de forma insólita" la aprobación de facturas destinadas "a pagar servicios ya realizados".

"Los reconocimientos extrajudiciales son fórmulas administrativas habituales. En todos los casos que aquí se tratan los servicios correspondientes emitieron informes que justifican la prestación efectiva de los servicios facturados, así como la adecuación de los mismos a los precios de mercado. En el caso del servicio de recogida este reconocimiento extrajudicial deriva del hecho de que el contrato, finalizado en enero de 2017, está actualmente a punto de licitarse", expuso la concejala Vieito durante su intervención, en la que también destacó el pionero proceso de consulta para la elaboración de los pliegos del nuevo contrato puesto en marcha por la Concellería de Medio Ambiente. A este respecto, la titular de este departamento, María García, lamentó la actitud de PP y PSOE (que antes de votar en contra a la totalidad del asunto presentó un voto particular que fue rechazado para excluir las facturas relativas al servicio de recogida de basura). "Saben perfectamente que este es un reconocimiento absolutamente rutinario, y saben que tenemos que pagar por los servicios que se prestaron. A todos se nos llena la boca en hablar de derechos cuando son ustedes los que están impidiendo que se les pueda pagar a los y a las trabajadoras", manifestó.

Por su parte, Vieito recordó que en 2011, el anterior gobierno local llevó a cabo reconocimientos extrajudiciales de crédito por valor de 5,2 millones de euros, siendo la cuantía de 1,2 millones de euros en 2012, 4,7 millones en 2013, 3,9 en 2014 y 3,1 en 2015. "Desde luego, no es la primera vez que un gasto se repara porque el contrato no se adjudica en el plazo previsto. Por ejemplo, en noviembre de 2011 finalizó el contrato de mantenimiento de la red semafórica, que estuvo sin renovarse hasta marzo de 2014. Durante esos dos años y medio, el Ayuntamiento siguió pagando el servicio con facturas con reparos por valor de 90.000 euros al mes, hasta un total de 2,4 millones de facturas sin contrato", evidenció. "Del mismo modo, en abril de 2012 finalizó el contrato de mantenimiento de la pajarera de San Diego, que no fue renovado hasta 2013, y en julio de 2012 expiró el de mantenimiento de instalaciones deportivas, que se prorrogó hasta el mes de noviembre. Las facturas, con reparos, siguieron llegando en los meses intermedios y fueron pagándose", evidenció.

Régimen de Fiscalización Limitada Previa

Entre los asuntos aprobados en la sesión común del Pleno del Ayuntamiento de A Coruña destaca también la propuesta realizada por el departamento de Intervención de implantar un régimen de fiscalización limitada previa, en adaptación a la nueva normativa estatal que entrará en vigor en julio de este año. La propuesta, aprobada por unanimidad, ya fue explicada por el interventor municipal a todos los grupos de la corporación y contó con el voto favorable de los mismos en la pasada Comisión de Hacienda y tiene como objetivo lograr un control económico presupuestario aún más riguroso. La normativa estatal que entrará en vigor en los próximos meses prevé que el desarrollo de la función interventora se pueda realizar mediante la fiscalización e intervención previa común o bien mediante un régimen de fiscalización limitada previa. "En el informe que dio origen a esta propuesta plenaria, el departamento municipal de Intervención expone que esta opción de fiscalización es la más adecuada en base a los medios con los que cuentan las entidades locales y, en concreto, este Ayuntamiento", apuntó la concejala.

La propuesta de fiscalización previa aprobada este lunes fija, además de los extremos básicos de fiscalización que ya se recogen en la normativa estatal, otros supuestos que pueden ser objeto de este tipo de fiscalización limitada previa como es el caso de proyectos de expropiación forzosa por tasación conjunta, expedientes de ejecución de sentencias judiciales, expedientes en fase de reconocimiento de deberes en caso de contratos menores, expedientes de contratación no menores, o expedientes de devolución de ingresos indebidos.

Vieito aludió, no obstante, a las normativas estatales que "solicitan que los ayuntamientos pongamos en marcha más funciones fiscalizadoras a pesar de que las normativas del señor Montoro lo que hacen es limitar la tasa de reposición y la contratación pública, facilitando, eso sí, que se puedan contratar asistencias privadas".

Liquidación del año 2017

Por otro lado, y al hilo de los debates que se mantuvieron en el Pleno, la concejala de Facenda, Eugenia Vieito, destacó la buena situación contable del Ayuntamiento de A Coruña que, en este momento, y luego de la refinanciación de la deuda "destina al pago de intereses menos de una doceava parte de lo que se llevaba a cabo durante el pasado mandato". "El pasado año destinamos algo más de 215.000 euros a deberes reconocidos en el apartado de gastos financieros, frente a los 2,6 millones del año 2014", recordó la edil, que apuntó que "además de reducir los intereses de la deuda que dejó el anterior ejecutivo municipal, a través de la refinanciación de préstamos por importe de 62 millones de euros, que permitirán ahorrar alrededor de 5,6 millones de euros en intereses durante la vida de esos préstamos, cancelamos un plan de ajuste innecesario que limitaba nuestra autonomía municipal, y fuimos capaces de liquidar el ejercicio pasado con la menor deuda viva de los últimos 10 años, con 63,8 millones de euros". "Los datos de liquidación de 2017 reflejan una mejora de la capacidad de autofinanciamiento del gasto correcto del Ayuntamiento, que el pasado año consiguió un ahorro neto de 27 millones de euros", manifestó también Vieito, que destacó el superávit conseguido de 18,3 millones de euros, además de un remanente líquido de tesorería de más de 23,3 millones de euros. "Nuestro deseo es poder destinar el superávit a proyectos encaminados a la mejora de la ciudad a través de las inversiones financieramente sostenibles (IFS) que el Estado permite llevar a cabo a aquellos ayuntamientos que presentan unas cuentas saneadas", recordó, al tiempo que manifestó la intención del ejecutivo municipal de financiar con esta partida intervenciones de mejora en el espacio público, entre las que se encuentran actuación de mejora del alumbrado y la eficiencia energética, ampliación, naturalización y restauración de zonas verdes y mejoras y reparaciones en instalaciones deportivas y centros cívicos y educativos.