El portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, no dudó en defender los intereses de la ciudad en las mociones que debatieron la devolución del IVA del 2017 por parte del Estado a las comunidades autónomas. La Corporación aprobó dos mociones presentadas por el PP y Ciudadanos en las que se reclamó el pago del impuesto. El portavoz del Gobierno local declaró que "defendemos que Galicia tenga lo que le corresponde, no tenemos problema en demandar lo que es nuestro". Explicó que el gobierno defiende siempre los intereses de la ciudad "sin mirar el color político de quien gobierne en Madrid o Santiago" en clara alusión a los concejales populares "que no reclaman la deuda que la Xunta tiene con la OSG, que es de 5 millones de euros".

Lage, quien señaló a Montoro como culpable de la situación en la que se encuentran las comunidades, dejó claro que fue el PP quien originó el problema, y que será el PSOE el encargado de solucionarlo".

Por otro lado, el portavoz anunció que el Gobierno local convocará 413 plazas de empleo público en este mandato al tiempo que hará una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para las personas empleadas municipales. Lage explicó que impulsará entre 2020 y 2021 la convocatoria de los procesos de selección de personal previstos en las OPE ́s de 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 que no habían sido resueltas por anteriores gobiernos. Lo que pretende este gobierno es mejorar los servicios públicos con la incorporación de más personal. Además, iniciará las negociaciones con los representantes sindicales para abordar las mejoras pendientes. José Manuel Lage lamentó el tiempo perdido y la falta de políticas de empleo público de los anteriores gobiernos. El portavoz socialista denunció que el Ayuntamiento llevaba parado desde 2010 sin ningún proyecto y le recordó al portavoz de la Marea que "habían aprobado el acuerdo marco con las trabajadoras/eres diez días antes de las elecciones".

También les echó en cara a las personas representantes del PP y de la Marea Atlántica las reclamaciones sobre el cumplimiento del acuerdo marco. "Con que cara se puede venir aquí a hablar después de la desastrosa gestión de personal de los últimos años en el ayuntamiento", indicó Lage, quien pidió "humildad y modestia al exigir que se recuperen las buenas costumbres, porque el Gobierno tendrá que hacer en tres años lo que no hicisteis nos últimos ocho".

Al mismo tiempo, la Corporación autorizó hoy a la Empresa Municipal Aguas de A Coruña, EMALCSA, a convertirse en medio propio con el poder adxudicador del ayuntamiento, una catalogación que aparece recogida en la nueva ley de contratos del sector público. Se trata, explicó el portavoz del Gobierno, José Manuel Lage, de un paso previo y decisivo para que la empresa municipal ponga en marcha la creación de un operador municipal de energía local, pero también para abrir la puerta a otras posibilidades que sirvan para aprovechar la capacidad de EMALCSA. "Iniciamos un camino presidido por la prudencia y la seguridad jurídica", explicó Lage, quien recordó que el Ayuntamiento está comprometido con la creación del operador si se demuestra que es viable.

El pleno también aprobó una moción de Ciudadanos emendada por los grupos municipales del PSOE y Marea Atlántica, en la que se expone la necesidad de poner en marcha un plan de implantación de puntos públicos de recargo de vehículos eléctricos, en zonas estratégicas de la ciudad, que no afecten a la movilidad. En este sentido, el edil de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, aseguró que el ayuntamiento está estudiando el sistema de gestión y la tipología de los puntos de recargo. Nembargante, subrayó que en el plan de movilidad del ayuntamiento a prioridad son los peatones, y que la implantación de puntos de recargo "es una medida complementaria en la que que también tiene que implicarse el sector privado".

También fue aprobada la moción de Ciudadanos emendada por el PSOE reclamando a la concesionaria del Palacio de la Ópera que realice las obras necesarias para el buen mantenimiento del inmueble. El Gobierno local anunció que actualizará el informe técnico que recoge el estado de la construcción y las necesidades mas urgentes que deberán abordarse. Además analizará el estado en que se encuentra la cesión de uso, para antes del mes de junio, adoptar medidas legales que permitan la gestión del pazo en condiciones excelentes.

Lage Tuñas defendió la decisión de la alcaldesa, Inés Rey, de prohibir el botellón en los jardines de Méndez Núñez, en una moción del BNG para pedir una Mesa de trabajo que articule soluciones encaminadas a garantizar que la existencia de locales de ocio en la ciudad no choque con el derecho de los vecinos y vecinas del barrio del Orzán al descanso. Y señaló que PP y Marea son incapaces de asumir que en los últimos ocho años no se tomaron decisiones en el ayuntamiento. "Predican, pero no hicieron nada", mientras que Gobierno local ya puso en marcha un dispositivo especial de la Policía Local que vela por la convivencia y adoptó las medidas coercitivas necesarias para garantizar el derecho al ocio y el derecho al descanso del vecindario. "Medidas que cuentan con el apoyo de la ciudadanía", recordó. El texto recibió luz verde por parte de la Corporación, que acordó tomar medidas para que el botellón no se traslade la otras zonas. En este sentido, el concejal socialista anunció la creación de un servicio de mediación vecinal que ya funciona con éxito en otras ciudades españolas.

La moción de los nacionalistas con la enmienda de Marea en defensa de la sanidad pública también fue aprobada por el pleno con los votos en contra del PP y la abstención de Ciudadanos. La Corporación acordó la reclamación de medidas encaminadas a erradicar el desmantelamiento y el cierre de servicios en los hospitales is de nuestra área sanitario y a reducir los listados de espera y tiempo de demora de las consultas de atención hospitalaria.

La Corporación aprobó, con la abstención del PP, la moción del BNG en defensa de los puestos de trabajo en Isidro 1952. Los trabajadores acudieron al salón de plenos y pudieron comprobar el compromiso al les aclarar y detallar la situación, cuantía y objeto de las ayudas allegadas a la empresa.

Por otra parte, José Manuel Lage, señaló que la moción de la Marea Atlántica instando al Gobierno local a convocar un pleno extraordinario para reclamar al Estado que desbloquee las inversiones pendientes sólo persigue "montar un circo" porque el ayuntamiento, recordó, reivindica desde el minuto cero lo que le corresponde a la ciudad. Lo importante es defender A Coruña sin importar los colores políticos", apuntó Lage, al tiempo que reclamó la unidad de la Corporación para defender los intereses de la ciudad. La moción fue aprobada con los votos a favor del PP y Marea Atlántica y la abstención del PSdeG y BNG.

El concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, explicó a raíz de una moción sobre los tereos de la Maestranza que el Ayuntamiento está tramitando una modificación del Plan Especial de Protección y Reforma Interior de la Ciudad Vieja en el ámbito de las murallas de la ciudad y de los terrenos de la Maestranza. Asegura que la aprobación inicial de esta modificación "determinará la suspensión del procedimiento de concesión de licencias". Además, anunció la intención del ejecutivo local de retomar las negociaciones con el Ministerio de Defensa para estudiar la cesión de bienes del Ministerio a la ciudad. Villoslada aseguró que el Gobierno local no va a admitir que la Marea diga que la venta de las parcelas fue "a puerta cerrada y con la complicidad del Gobierno local" y dejó claro que "el relato de Marea en el responde a la realidad". Para Villoslada, la Marea es también responsable de que las parcelas se convirtieran en solaresy fueran vendidos al firmar los convenios del 2018.

El Gobierno local, coincidiendo con una moción del PP, instará al Estado y Xunta a firmar el convenio que sienta las bases de colaboración entre las tres administraciones y a licitar con la máxima celeridad las obras de construcción de la Intermodal tras aprobar Adif en junio de 2019 el expediente de contratación, los pliegos, el gasto y apertura del procedimiento de adjudicación. El concejal de Urbanismo reconoció que A Coruña acumula muchos años de deudas y el Gobierno local defenderá los intereses de la ciudad "tras años de disputas entre las administraciones, en especial entre el Gobierno de Marea y la Xunta". Villoslada explicó que los requerimentos de Adif no buscan edificabilidad lucrativa sino usos vinculados al ámbito ferroviario que la Concejalía está analizando.

La Corporación dio luz verde a la moción para que las entidades sociales de la ciudad cuenten con espacios para poder desarrollar su labor. También reclama la firma de un convenio con Padre Rubinos con el fin de ceder la otras entidades sociales las antiguas instalaciones que la entidad posee en Labañou y la remodelación del inmueble para que otras asociaciones puedan usarlo.