El concejal de Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda, Xiao Varela, volvió esta tarde a pedir disculpas al vecindario, durante el Pleno extraordinario convocado por solicitud del grupo popular, "por no haber conseguido los objetivos previstos en la primera edición del concurso público de adquisición de vivienda" puesto en marcha por el gobierno local, que tiene entre sus objetivos facilitar el acceso a la misma de colectivos con dificultades, tal y como ya hizo el alcalde de A Coruña esta misma semana. En la línea de lo explicado públicamente en distintas ocasiones, Varela recordó que "una cadena de errores administrativos, errores humanos, hicieron que la tramitación de este concurso tuviera el resultado que hoy todos conocemos, y que de los seis pisos adquiridos, cinco fueran enviados por nosotros al Consejo Consultivo. Por eso pido disculpas, por no conseguir los objetivos que perseguíamos", comentó, al tiempo que se reafirmó en su "deber de seguir trabajando para garantizar el acceso a la vivienda a todas las personas con dificultades", así como a seguir implementando políticas y decisiones urbanísticas desde el Ayuntamiento "escuchando a la ciudadanía, sin atender más intereses que el interés general".

No obstante, y debido a las acusaciones vertidas por el grupo popular, que solicitó en el Pleno la asunción de "responsabilidades" ante el resultado del concurso de adquisición de vivienda pública, el edil dejó claro que "por más que el PP repita una y otra vez una mentira y los demás aplaudan, la mentira sigue siendo mentira". "Este gobierno local es un gobierno honesto y respetuoso con la independencia del funcionariado. Ni en la valoración de las ofertas, ni en la propuesta de adjudicación ni en ninguna otra fase del procedimiento se tomaron decisiones para favorecer a ninguna persona en concreto", evidenció.

Medidas a favor de la Vivienda Digna

En su intervención, el concejal Varela hizo un repaso a las medidas en materia de vivienda puestas en marcha por el gobierno local en lo que va de mandato municipal, haciendo especial hincapié en aquellas actuaciones que forman parte de las líneas programáticas. "Antes de llegar a María Pita nos comprometimos a elaborar un plan de fomento del derecho a la vivienda y fomento de la vivienda pública a través de Emvsa -la empresa municipal de vivienda, servicios y actividades-, así como fomentar la rehabilitación y la renovación urbana. Lo que hicimos, desde el gobierno local, fue mantener la reserva de vivienda protegida en el 40%, además de incrementar el período de bonificación del IBI de estos inmuebles hasta los siete años y bonificar en el ICIO su construcción", enumeró. "Fomentamos las Áreas de Rehabilitación Integral (ARI) y modificamos la ordenanza de rehabilitación para dar más ayudas, especialmente en la zona Pepri y en los núcleos tradicionales, introduciendo criterios sociales para que reciba más quien menos tiene. Abordamos el problema de los 16 edificios inacabados de la ciudad, cadáveres de la burbuja inmobiliaria que los distintos gobiernos locales habían ido dejando pasar, y multiplicamos las licencias de rehabilitación, que pasaron de 0 en 2011 a 55 en 2016", continuó. "Pusimos fin a la injusticia territorial, impulsando 400 obras por toda la ciudad en lo que va de mandato, no solo en el centro, y adquirimos un solar en Marqués de Pontejos en el que se van a edificar ocho viviendas municipales", explicó.

El responsable municipal siguió haciendo balance del grado de cumplimiento de las medidas de programa con las que el gobierno local llegó a María Pita en 2015. Así, aludió a la referida a "dar solución a los asentamientos precarios de la ciudad con un plan de inclusión social integral". "¿Que hizo el ejecutivo una vez en la administración? Pues pusimos en marcha un Plan de Acceso a un Hábitat Digno dotado de recursos y personal. Con el mismo conseguimos, en poco tiempo, el realojo con garantías de casi 20 familias: 50 personas, 50 seres humanos, de los cuales 23 son niños y niñas menores", apuntó. "También abrimos el Centro Abeiro, la primer equipación de baja exigencia de la ciudad para personas sin techo, y pusimos en marcha el programa A Flote, en el que solo este año dimos más de 300 ayudas para solucionar emergencias habitacionales", añadió.

"Otro de nuestros compromisos programáticos era aumentar en un 50% la cuota del IBI a las viviendas vacías propiedad del FROB y las entidades financieras. ¿Y qué hicimos cuando llegamos al gobierno local? Introducimos en las ordenanzas ese recargo, que, no obstante, no se puede aplicar en este momento porque quien gobierna en otras administraciones no hizo sus deberes", censuró el concejal, quien también recordó la intención del grupo que sustenta el ejecutivo local de implantar medidas de apoyo para la rehabilitación energética en comunidades vecinales. "En este tiempo de mandato municipal ya modificamos la ordenanza de rehabilitación para potenciar la mejora de la eficiencia energética en las ayudas", recordó.

En esta línea, y respecto del concurso de adquisición de vivienda, el concejal recalcó que tiene "la conciencia tranquila, porque no hay en todo el expediente ni la más mínima prueba indiciaria de trato discrecional de favor, desviación de poder o resolución a sabendas de su injusticia, ni por parte del personal funcionario ni tampoco por parte de los concejales cuestionados por la oposición". Tal y como avanzó, una vez que sea firme en vía administrativa el acuerdo de nulidad de la Junta de Gobierno local, el gobierno municipal iniciará de inmediato las acciones civiles oportunas para la resolución de compra-venta, para que los inmuebles reviertan a sus interiores propietarios y estos devuelvan el importe recibido.

El Pleno, con los votos a favor de PP, PSOE y BNG, dio luz verde al asunto único planteado por el grupo municipal popular, que instaba al alcalde "a depurar responsabilidades políticas" por la compra "irregular'" de dos inmuebles en el marco del concurso de vivienda pública, así como demandaba al gobierno local que ejerza "todas las acciones administrativas y judiciales oportunas" para recuperar las cantidades destinadas a adquisición de inmuebles.