Los Ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Valladolid, Terrassa y el de A Coruña suscribieron una declaración municipalista para denunciar las limitaciones que el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2017 supone a la autonomía local y a su financiación. Representantes municipales acudieron este miércoles al Congreso de los Diputados, en Madrid, para reclamar a los grupos parlamentarios que atiendan las reivindicaciones de los ayuntamientos en el marco de la tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado para 2017. Al acto, en el que estuvo presidente el alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, asistieron Rita Maestre, portavoz del Ayuntamiento de Madrid y el concejal de Economía y Hacienda de Madrid, Carlos Sánchez Mato; el teniente de alcalde y alcalde en funciones del Ayuntamiento de Barcelona, Gerardo Pisarello; el alcalde Zaragoza, Pedro Santisteve; el concejal de Gobierno Interior de Valencia, Sergi Campillo, y el alcalde de Terrassa, Jordi Ballart.

"Los ayuntamientos tenemos grandes limitaciones en la plantilla que dificultan la prestación de un servicio de calidad a la ciudadanía. Necesitamos plantillas adecuadas, por lo tanto, lo que pedimos es autonomía para, sin endeudarnos más y siendo rigurosos en el gasto público, poder decidir en qué gastamos el dinero de los y de las contribuyentes de cara a prestar mejores servicios", señaló Ferreiro, y advirtió que con el proyecto de Presupuestos "se ahoga aún más a los municipios". Del mismo modo, durante la comparecencia pública, Ferreiro aludió a la "insuficiente financiación para los municipios mientras el Estado pretende ingresar más por tributos que gestionan los ayuntamientos". El regidor coruñés aprovechó además la visita de este miércoles al Congreso para mantener un breve encuentro con la presidenta de la Cámara y anterior ministra de Fomento, Ana Pastor.

Pola su parte, Rita Maestre manifestó: "Venimos a recordarle al Gobierno el artículo 140 de la Constitución, que sanciona la autonomía local y por tanto las competencias y la legitimidad de los municipios para regular la prestación de sus servicios", indicando que "en los últimos años los municipios ofrecen buenos datos económicos y demuestran que se puede gestionar de manera honesta el dinero de todos y todas". Como subrayó la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, el proyecto de Presupuestos Generales ataca esa capacidad de gestión y la propia autonomía local.

Los Presupuestos Generales, en caso de aprobarse, "suponen un recorte importante a la aportación financiera de los ayuntamientos, que compromete su capacidad para atender las capacidades básicas de la ciudadanía", explicó el alcalde accidental de Barcelona, Gerardo Pisarello. Además "los ayuntamientos somos las administraciones que actuaron con mayor solvencia, rigor y responsabilidad en estos años y con todo seguimos siendo castigados con un techo de gasto que nos obliga a generar superávit totalmente desproporcionados y que nos impide que este dinero vaya a parar a la satisfacción de las necesidades ciudadanas". Segundo señaló, los municipios se enfrentan a una "amenaza en la eficacia de los servicios públicos porque no nos permiten reforzar algo tan elemental como los personales municipales. "Se mantienen de manera injustificada las limitaciones a la tasa de reposición y además, por la puerta de atrás, y con dos disposiciones adicionales, se quiere impedir que los ayuntamientos reviertan procesos de privatización injustos e ineficaces", dijo.

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, por su parte, recalcó "las dificultades con las que nos encontramos los ayuntamientos para devolver a la gestión pública los servicios que prestamos a la ciudadanía, en contraposición con la facilidad para su externalización. La norma debería ser el público y la excepción su privatización".

"En Tarrasa estamos inmersos en un proceso de remunicipalización del servicio público del agua", indicó el alcalde de la localidad, Jordi Ballart, quien recordó que la decisión democrática del Ayuntamiento para recuperar esos servicio fue recurrida sin éxito en los tribunales por empresas privadas. "Estamos aquí porque no queremos que aquello que no se ganó en los juzgados se consiga en el Congreso de los Diputados". Las disposiciones adicionales 27 y 35 incluidas en el proyecto de Presupuestos suponen en la práctica un veto a los procesos de remuncipialización. "Vivimos una agresión constante frente a nuestra capacidad de gestionar y nuestra autonomía", aseguró el concejal valenciano Sergi Campillo. Se trata de un ataque al interés general a lo que los municipios están haciendo frente con redes de apoyo. Campilló recordó que "el Estado somos todos, también los ayuntamientos".