El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, compareció este viernes para informar de los principales asuntos de la Junta de Gobierno Local celebrada esta mañana, de los que destacó la propuesta municipal para la ejecución de la sentencia que ilegaliza la licencia del edificio de San Roque de Afuera, número 13, y de los autos posteriores que acuerdan su demolición. "Lo que haremos será procurar, siempre cumpliendo con la legalidad, el menor perjuicio para las personas afectadas y para el interés general. Este gobierno no va a buscar ningún atajo para eludir el cumplimiento de la resolución judicial, algo que ya venimos en etapas anteriores y que es peor en el largo plazo, como demuestran el coste y las consecuencias de las malas praxis urbanísticas del pasado", observó. Como indicó, la remisión de esta documentación da respuesta a la providencia emitida hace una semana desde el juzgado sobre el estado de ejecución de la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que en el año 2008 anuló la licencia del edificio, e incluye los informes municipales que concluyen que el inmueble "no se ajusta al planeamiento urbanístico en vigor, ni en cuanto a los vuelos ni por ocupación". De este modo, la propuesta que el Ayuntamiento traslada al juzgado contempla el derribo total o parcial, una cuestión que como apuntó Ferreiro "deberá determinarse en ejecución de la sentencia, para lo cual el Ayuntamiento quiere ir de la mano del juzgado y procurando el menor perjuicio posible para las personas afectadas y el interés general".

Del mismo modo, el alcalde informó del acuerdo para la adjudicación de las obras de reurbanización de un nuevo tramo de la calle San Vicente, comprendido entre la Ronda de Outeiro y la calle Ángel Senra, unos trabajos que tienen un coste de 290.000 euros y que suponen la sustitución de la calzada y las aceras, que se amplían ligeramente, y mejoras en la seguridad de los pasos peatonales, además de la sustitución de la red de fecales, la construcción de red separativa de pluviales y la conexión de las bajantes de las cubiertas de los edificios con esta red, para acabar con los vertidos a las aceras.

En el ámbito urbanístico, el alcalde se refirió también al informe llevado a la Junta de Gobierno por el concejal de Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda, Xiao Varela, relativo a las licencias y títulos habilitantes tramitados desde este área entre el 4 y 17 de este mes, un período en el que este departamento resolvió un total de 145 expedientes. De ellos, 27 se corresponden con licencias urbanísticas y 58 con comunicaciones previas al inicio de obras, mientras que los 60 restantes son comunicaciones previas al inicio de actividades o apertura de establecimientos.

Del mismo modo, la Junta de Gobierno Local dio hoy el visto bueno a la propuesta de adjudicación del nuevo contrato de limpieza y mantenimiento de los aseos públicos de la ciudad, al que se aplican mejoras relevantes, como la ampliación del horario de apertura y los procedimientos de limpieza, que se ven plasmadas también en el aumento de inversión, con un precio máximo de adjudicación de 405.000 euros (IVA incluido), un 50% más que en el anterior contrato, "lo que va a permitir que las trabajadoras que prestan este servicio puedan tener salarios más dignos", subrayó el alcalde. El servicio comprende el mantenimiento de 17 baños fijos, 7 de carácter automático (denominados autolavables) y 2 portátiles, que se habilitan cada verano en las playas de Oza y Las Lapas. Además de en estos arenales, los aseos se reparten entre el Parque de Santa Margarita, la Plaza de Santa Catalina, los Jardines de Méndez Núñez, la Avenida de Buenos Aires, el Jardín de San Carlos, el Campo da Leña, la Plaza de Portugal, la calle Alcalde Puga y Parga, la Plaza de Pablo Iglesias, el Parque de Eirís, la Plaza de la Cubela, la calle Salvador de Madariaga, el Monte de San Pedro, O Portiño, el Parque de San Diego, la Avenida Fernando Suárez García, Matadero, el Parque de Oza, el Campo de Marte, Vioño y San Amaro.

Ferreiro informó también del traslado a la Junta de Gobierno Local de la ordenanza de prevención de incendios, como paso previo para su remisión al Pleno, "una norma pionera en Galicia" que tiene como objetivo mejorar la autoprotección de los edificios, locales y establecimientos, así como las actividades recreativas y espectáculos públicos, incorporando algunas exigencias complementarias a la normativa estatal de incendios. Como quiso destacar, su finalidad es la de potenciar la prevención y la autoprotección ciudadana, tratando de evitar que se produzcan incendios y limitar sus efectos cuando estos se produzcan.

Además, en el ámbito de los servicios sociales, la Xunta de Gobierno dio hoy el visto bueno a la convocatoria de las ayudas de bono-taxi para el 2018 e iniciar su tramitación anticipada. Este 2017, 138 vecinos y vecinas de la ciudad con problemas de movilidad pudieron realizar sus desplazamientos en taxi a través de este programa municipal, que se basa en la concesión de subvenciones a personas con diversidad funcional que tienen dificultades para el uso del transporte público, en forma de bonos que los usuarios y las usuarias podrán cambiar por viajes en taxi.

Parrote

Por otra parte, y preguntado por los medios, el alcalde informó del personamiento del Ayuntamiento en el recurso interpuesto por la Autoridad Portuaria por la denegación del reconocimiento del deber y el pago por las obras de urbanización del Parrote. Como indicó, la judicialización fue una decisión acordada por las dos administraciones hace ya varios meses para dilucidar esta cuestión, teniendo en cuenta los informes de la Intervención municipal y la Asesoría Jurídica, que concluyen que los gastos que el Puerto requiere al Ayuntamiento "no están debidamente acreditados". Como expuso, los servicios municipales entienden que la Autoridad Portuaria no aportó la documentación que requiere la Ley de Subvenciones para justificar el pago de estos trabajos, que se realiza mediante este procedimiento, "ya que no hay documentación suficiente, ni certificación de obra, ni factura ni justificante de pago al contratista", además de otras consideraciones de carácter técnico que, como hizo notar Ferreiro, avalan la decisión municipal.

Al hilo, el alcalde vinculó el pago al Puerto de otros 3,2 millones de euros correspondientes a la urbanización de la Marina con el proceso de legalización de esas obras. Tal y como avanzó, "en cuanto ese expediente esté finalizado el Ayuntamiento procederá al pago, pero antes debe resolverse la situación legal", una legalización que va en paralelo al proceso de cesión de esos terrenos que la Autoridad Portuaria debe completar para que pasen a ser de titularidad municipal.