El Gobierno local ha resuelto el expediente de imposición de penalidades abierto a Clece SA, la empresa encargada del servicio municipal de ayuda a domicilio (SAD) ante las deficiencias detectadas en la gestión de sus deberes. En concreto, y tras desestimar los alegatos presentados por la firma en base a informes elaborados por la Concellería de Xustiza Social e Coidados el servicio de Contratación, dependiente de la Concellería de de Facenda e Administración, Eugenia Vieito, resolvió que la citada compañía incurrió en dos infracciones leves y cuatro infracciones graves en el desarrollo de su trabajo. El importe de las penalidades impuestas por el Gobierno local asciende a un total de 6.600 euros, que serán retenidos de las certificaciones mensuales a través de las cuales la Administración local le abona el precio de su contrato.

La concejala responsable de Xustiza Social e Coidados, Silvia Cameán, indicó que “el deseo del Gobierno local no es, en ningún caso, tener que llegar nunca a una situación como esta, ni tener la necesidad de sancionar a ninguna de las empresas sujetas a contratos municipales, pero es importante que quede claro que las políticas sociales y las personas en situación de vulnerabilidad son nuestra prioridad”. “De ninguna forma vamos a tolerar abusos e incumplimientos por parte ni de esta ni de ninguna otra empresa”, indicó la responsable municipal, que advirtió que “el Gobierno local estará muy vigilante para actuar en caso de que no sean subsanadas las deficiencias detectadas y que, en cualquiera caso, esta situación no se vuelva a repetir, ni con esta ni con ninguna otra empresa”. A este respecto, la edil, que tiene las competencias en materia de asistencia social, se remitió a un informe jurídico del Ayuntamiento que indica que “tanto en los pliegos como del documento contractual firmado con esta empresa se contempla la imposición de penalizaciones en el caso del cumplimiento defectuoso de la prestación contratada”.

La titular de Facenda e Administración Eugenia Vieito, por su parte, hizo hincapié en “que este Gobierno local estará vigilante a la hora de garantizar la correcta ejecución tanto de los contratos anteriores como de los nuevos, donde ya hay incorporadas cláusulas sociales”.

Proceso e informes

Con fecha 10 de junio de 2015, y antes de la llegada del actual equipo de Gobierno a María Pita, el Ayuntamiento suscribió con Clece SA el contrato para la gestión de una parte del servicio municipal de ayuda a domicilio por el sistema de concierto. En septiembre del mismo año, y ante el conocimiento de incumplimientos contractuales, la concejala Cameán solicitó un informe del servicio competente donde se constataran los incidentes detectados. Entre estas se contabilizó la falta de instalación de ayudas técnicas en domicilios, las quejas de usuarios y usuarias por falta de coordinación, incumplimiento de plazos en las altas, número insuficiente de coordinadoras y rotación excesiva de auxiliares.

En el mes de noviembre, el Ayuntamiento mantuvo una reunión con la empresa, a la que asistieron, por parte del Gobierno local los y las titulares de los departamentos de Xustiza Social, Emprego e Economía Social y Facenda e Administración. En esta reunión se trasladó a la empresa la voluntad del Gobierno local de controlar la debida ejecución de los contratos públicos, así como que su firma estaba incumpliendo numerosos deberes. “En la reunión, se le exigió a la empresa una reacción inmediata y un cambio radical en cuanto al cumplimiento de las condiciones del contrato, concediéndosele un plazo de 15 días para llevar a cabo las medidas correctoras precisas”, apunta Cameán. Transcurrido el plazo, y sin detectar que la compañía había solucionado los incidentes producidos en la gestión del servicio, desde la Concellería de Xustiza Social se estimó la iniciación de un expediente de exigencia de responsabilidades.

El pasado mes de febrero, el Ayuntamiento resolvió iniciar un expediente de imposición de penalidades a la empresa Clece por ejecución deficiente de servicio, aunque, como en cualquiera otro caso, se le ofreció un período de tiempo, tanto para que consultara el expediente iniciado como para poder hacer sus correspondientes alegatos, si así lo considerara oportuno. Fue la Concellería de Xustiza Social la encargada de analizar y emitir nuevos informes estimativos sobre estos alegatos.

De este modo, durante el pasado abril, el servicio de Contratación, el encargado de resolver este expediente recibió sendos informes, un elaborado por la Oficina Municipal de Dependencia, Mayores y Discapacidad, y otro del propio servicio de Acción Social. ambos dependientes del área de Justicia Social que proponían desestimar los alegatos presentados por Clece, “ya que entienden que estas no acreditan la realización de actuaciones que desvirtúen los hechos imputados”.

Cameán indicó que, no obstante, “el Gobierno local quiere dejar claro su apoyo a los y las trabajadoras de Clece”. “Nuestro deber no sólo pasa por defender las personas en situación de mayor vulnerabilidad que no estaban siendo atendidas debidamente, sino que también tenemos que atender al cuadro de personal de esta empresa, motivo por lo que reiteramos a la exigencia de que se le reconozca el convenio colectivo recogido en los pliegos”, comentó la concejal“Lo que queremos dejar claro es que tomaremos esta, y todas las medidas que sean necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de un servicio clave para la Concellería de Xustiza Social e Coidados para muchos vecinos y vecinas de esta ciudad”, finalizó.