El equipo de Gobierno trasladará a la próxima Junta de Gobierno local, que se reunirá en sesión extraordinaria mañana miércoles, el pliego de condiciones administrativas que regirán el contrato de préstamo que el Ayuntamiento ha previsto firmar para la financiación de las inversiones de los Presupuestos municipales de este año 2017, por un importe de 8,651 millones de euros. En los criterios que se recogen para la selección de la entidad adjudicataria se cuenta, además del precio de las operaciones financieras, el compromiso de las entidades con las políticas sociales de vivienda y contra los desahucios. A este fin, se valorará a aquellas entidades que no hayan promovido desde enero de 2016 ninguna ejecución judicial o extrajudicial de préstamo o crédito con garantía hipotecaria concedido para la adquisición de vivienda que constituya única residencia habitual en el municipio y, igualmente, que no tengan promovido lanzamientos derivados de la ejecución de un préstamo o crédito de la misma naturaleza de personas deudoras residentes en A Coruña y que se encuentren en algún supuesto de especial vulnerabilidad. Dentro de ese objetivo de favorecer el compromiso con las políticas sociales de vivienda, el pliego de condiciones puntúa también la adhesión, por parte de las entidades que opten al contrato, al Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre vivienda habitual. Como se hace constar, estas circunstancias deberán acreditarse por parte de las entidades mediante declaración responsable.

Además, entre los requisitos que se recogen en el pliego de condiciones para presentarse a la licitación se incluye la exigencia de no haber realizado operaciones financieras en paraísos fiscales (según la lista de países elaborada por las Instituciones Europeas o avalada por estas o, en su defecto, por el Estado español) que sean consideradas delitivas en los términos legalmente establecidos -blanqueo de capitales, fraude fiscal o contra la Hacienda Pública-, una condición que también deberá acreditarse mediante declaración responsable. En el caso de realizar actividades legales en un paraíso fiscal, las licitadoras deberán de presentar una memoria descriptiva de las mismas, en la que se incluya el país, actividad y volumen de negocios, que podrá ser publicada en el Perfil del Contratante.