El concejal de Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda, Xiao Varela, avanzó hoy que el Gobierno local retomará las negociaciones con la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamentos Penitenciarios SA, SIEP, para recuperar el uso de la parcela en la que se asienta la antigua prisión provincial de la Torre “y poder devolverle así el uso para la ciudadanía”. El responsable municipal mantuvo en la mañana de este lunes una reunión con representantes de la asociación Proxecto Cárcere para analizar las consecuencias de la reciente sentencia por la que la Audiencia Nacional ha convalidado el convenio de 2005 en el que se establecían los términos para la transmisión al Ayuntamiento de esa finca y para la construcción del Centro de Inserción Social, y que impone al ente municipal el pago de 1,2 millones de euros para recuperar la titularidad de la misma, acuerdo que, en el año 2014, fue anulado mediante un decreto del Gobierno coruñés de ese momento.

El Gobierno local, indica el concejal, presentará un recurso ante el Tribunal Supremo contra esta última resolución de la Audiencia Nacional, al considerar que perjudica a los intereses municipales y a los vecinos y vecinas, “ya que impide que las antiguas instalaciones penitenciarias, hoy en desuso, puedan ser recuperadas para el barrio y para toda la ciudadanía”. Pero además, y en paralelo a este procedimiento judicial, el Ayuntamiento volverá a negociar con el SIEP las condiciones para la cesión temporal del uso de la finca, tal y como adelantó en la reunión de esta mañana el responsable de Rexeneración Urbana.

Como destaca Varela, el organismo estatal ya remitió una propuesta de convenio al Ayuntamiento, en la que acepta realizar una inversión para obras de conservación y consolidación del inmueble del antiguo edificio penitenciario, un documento que se está analizando, a través de la asesoría jurídica municipal, para poder hacer las correspondientes enmiendas y comenzar la negociación. “Lo que tenemos que mirar son los términos de redacción del convenio, cuestiones de inversión y plazos”, apunta el concejal, quien hace notar que este acuerdo de cesión “no es incompatible con la iniciativa del Gobierno coruñés para recuperar la titularidad de la parcela de la antigua cárcel ni afecta al proceso judicial” abierto en relación al decreto del año 2014 para la nulidad del convenio de 2005 relativo a la construcción del Centro de Inserción Social y a la desafectación de la parcela de la antigua cárcel provincial, así como los pagos.