El Pleno municipal del Ayuntamiento de A Coruña dio este lunes luz verde a una modificación del anexo de inversiones del Presupuestos municipal de 2017 dirigida a adecuar la previsión de gasto y las anualidades contempladas para desarrollar el anteproyecto de rehabilitación de las cubiertas del estadio de Riazor. La modificación, que obtuvo el voto positivo de los grupos municipales del BNG y PSOE, además del grupo de Gobierno, y abstención del PP, sirve para dar luz verde a una previsión de gasto de 8,238 millones, distribuido en tres anualidades entre este 2017 y el 2019, fecha en que está prevista la conclusión de las obras. La propuesta busca, en palabras del concejal de Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda, Xiao Varela, "garantizar la seguridad en Riazor y facilitar la conservación y mantenimiento de la estructura, haciéndola accesible, y aumentar las prestaciones de la cubierta, con una obra que sirva para dar servicio a las más de 22.000 personas que acuden al estadio cada dos semanas, que son nuestra principal preocupación". En el mismo sentido, el concejal puso en valor la reciente ampliación del acuerdo de colaboración del Ayuntamiento con el Deportivo, "no solo un símbolo de A Coruña sino su mayor icono y un motor económico fundamental", y que supone, además de las obras, una mayor visibilidad de la ciudad y también una "inédita colaboración del Dépor con el deporte base local a través de las Escuelas Municipales".

Tal y como apuntó el responsable municipal, la previsión pasa por iniciar el procedimiento en las próximas semanas para que esté licitado antes de 2018, e iniciar la obra de las cubiertas largas en mayo de 2018 -coincidiendo con el final de la Liga-, para tenerla finalizada en tres meses y, posteriormente, poder acometer los trabajos en las cubiertas de los lados, compaginándolos con el calendario liguero. De este modo, el nuevo escenario propuesto en el anteproyecto redactado para la contratación conjunta de la redacción del proyecto y la obra contempla una inversión de 5.000 euros para este año, para la redacción final del anteproyecto, mientras que para la anualidad de 2018 establece una cantidad de 5,16 millones, en la que se recoge el pago de la entrega del proyecto básico y de ejecución en el que se desarrolla el anteproyecto, así como el inicio de la ejecución del pago de la obra conforme vaya siendo realizada y certificada mensualmente (y que continuará en 2019). La anualidad de 2019 asciende a 3,064 millones de euros, lo que sitúa la inversión total en 8,238 millones de euros.

El anteproyecto elaborado por el Ejecutivo local contempla entre las actuaciones para acometer en Riazor la sustitución de la cubrición completa de todos los graderíos por una alternativa que permita mejores condiciones de mantenimiento a lo largo de su vida útil e, igualmente, la sustitución del conjunto de estructuras de las gradas de Tribuna y Preferencia por unas que, del mismo modo, faciliten su mantenimiento y armonicen con las estructuras de las cubiertas de Pabellón y Maratón. También, el anteproyecto incluye un refuerzo y reparación del conjunto de las estructuras de las gradas de Pabellón y Maratón y la unificación formal de la totalidad de las cubiertas del estadio, de cara a obtener "una imagen unitaria y mejorando la visibilidad del estadio".

Plan de Ajuste

El Pleno validó también, por unanimidad de todos los grupos, la aprobación inicial del expediente de concesión de un suplemento de crédito a los Presupuesto de 2017 propuesto por el Gobierno local para amortizar de forma anticipada el pago de un crédito solicitado por el anterior Ejecutivo municipal en 2012, una medida que supone la salida del Ayuntamiento del Plan de Ajuste adoptado en aquel año, aparejado al crédito de 7,6 millones solicitado por el anterior ejecutivo vinculado al Plan de Pago a Proveedores. Tal y como indicó la concejala de Facenda e Administración, Eugenia Vieito, la necesidad del plan "ya fue muy cuestionada en su momento, pero además tiene consecuencias no deseables para el Ayuntamiento", de resultas de la aplicación de la llamada Ley Montoro (la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local), que prohíbe expresamente a las entidades locales adquirir, constituir o participar de la constitución, directa o indirectamente, de nuevos organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás entes durante la vigencia del Plan de Ajuste y que, del mismo modo, restringe a las entidades locales sujetas a este realizar aportaciones patrimoniales ni suscribir ampliaciones de capital de entidades públicas empresariales o de sociedades mercantiles locales con necesidad de financiación. "Cancelamos el Plan de Ajuste porque es una prioridad para este gobierno liberar al Ayuntamiento de las limitaciones derivadas del mismo, que, entre otras cosas, le impide a nuestra ciudad formar parte de un consorcio para la gestión, por ejemplo, del borde litoral", destacó la responsable municipal, quien añadió que el Plan de Ajuste se cancela "porque en realidad nunca fue necesario, y porque las circunstancias económicas del Ayuntamiento lo permiten". En ese sentido, apuntó la media del pago a proveedores, que se sitúa en este 2017 por debajo de los plazos legales exigidos por la normativa y muy por debajo de la media de los ayuntamientos gallegos -16,9 días de media entre enero y mayo-, y recordó también que la deuda viva del Ayuntamiento, a la vista de los informes de liquidación del Presupuesto, "es la más baja de los últimos diez años, y será menor después de la amortización de las operaciones vinculadas al Plan de Ajuste". De este modo, y como expuso Vieito, el modificativo supone, "no sólo la amortización anticipada de un préstamo vinculado al Plan de Ajuste, sino, esencialmente, la recuperación de una parte de la autonomía local cercenada por la Ley Montoro y por las decisiones del anterior gobierno municipal". "Lo que proponemos es que el Ayuntamiento pueda hacer uso de todas las herramientas jurídicas y administrativas a su alcance para la mejor gestión de los intereses de la ciudadanía de A Coruña", dijo.

Por otra parte, el Pleno dio luz verde, con la oposición del PP, la abstención del BNG y el voto favorable del PSOE, a la aprobación inicial de un suplemento de crédito del Presupuesto del IMCE 2017. Como explicó la concejala Vieito, la propuesta de este modificativo consiste en suplementar partidas del IMCE por una cuantía de 260.000 euros, que no fueron gastados el año pasado y que pasaron a formar parte del Remanente de Tesorería para gastos generales del IMCE y constituyeron ahorros "que ahora se pueden recuperar para ser utilizados de nuevo por este organismo en este ejercicio". De esta manera, esas cantidades procedentes del remanente podrán suplementar la partida correspondiente a alquiler de maquinaria e instalación y utillaje, así como la de otros trabajos realizados por empresas y profesionales por importes de 50.000 y 210.000 euros respectivamente, "de manera que se pueda atender de forma adecuada y suficiente a gastos de difícil previsión y que dependen de las necesidades del momento".

También, durante la sesión plenaria se votó a favor del reconocimiento de compatibilidad de una funcionaria y un funcionario municipales para el ejercicio de actividades privadas, con la única abstención de los concejales y concejalas del PP. Igualmente, el Pleno acordó este lunes, por unanimidad de todos los grupos municipales, comparecer en el recurso promovido por Clece SA contra el acuerdo plenario de abril de 2017, que aprobaba una moción sobre la situación de las trabajadoras de esta empresa que prestan servicio de ayuda a domicilio (SAD III), para defender la legalidad de aquel acuerdo plenario.