La concejala de Xustiza Social e Coidados, Silvia Cameán, llamó en la mañana de este domingo a la Xunta a modificar los criterios de concesión de la Risga (La Renta de Inclusión Social de Galicia), “porque no está llegando a toda la gente que debería”. “Sorprende la cantidad de personas que quedan fuera de esta ayuda”, señaló la responsable municipal durante su intervención en un programa de Radio Coruña, donde recordó que la mitad de las solicitudes para esta prestación que se formulan en la ciudad son rechazadas. Cameán expuso las líneas básicas del proyecto de la Renta Social Municipal que, como destacó, el Gobierno local desarrolla ante la falta de cobertura de las administraciones competentes en este campo. “El Ayuntamiento tiene que hacer lo posible para ayudar a la gente en esta situación de emergencia social –indicó la concejala–; ojalá no tuviéramos que presentar una renta social y que todas las personas tuvieran sus necesidades cubiertas con la prestación de la Xunta, ya que es la que tiene la competencia para llevarlas a cabo”. No obstante, Cameán abogó por la colaboración entre las administraciones en este campo.

La Renta Social Municipal, tal y como recordó la responsable de Xustiza Social e Coidados es una ayuda que servirá para cubrir las necesidades básicas de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social en la ciudad y que no tienen derecho a Risga o prestaciones análogas. En este sentido, la concejala mostró el encaje que esta propuesta tiene en el concepto de renta: “El proyecto dice explícitamente que la renta es una prestación mensual para que las personas puedan pagar sus gastos más básicos, como el recibo del agua, de la luz, alquiler…, necesidades básicas para vivir dignamente, y, en ese sentido, entendemos que sí estamos hablando de una renta, que además contempla la intervención con estas personas, lo que significa colaborar, darles apoyo y empoderarlas a través de los itinerarios de inclusión”, indicó Cameán, que vinculó la elección del sistema de pago a la Ley de Subvenciones. “Nos movemos en un marco bastante limitativo, porque la competencia para llevar a cabo una prestación social le corresponde a la Administración autonómica”, señaló, para explicar que si el Ayuntamiento optó por el pago directo de los servicios fue porque la documentación y justificantes que precisaría otro modelo podrían suponer un problema para los y las beneficiarias, “que incluso podrían quedar fuera en caso de no hacerlo”.

A este respecto, la concejala recalcó que el proyecto que ya se presentó a los grupos de la oposición municipal para que puedan hacer aportaciones “es viable”, y ya fue estudiado tanto por la Intervención Municipal como por la Asesoría Jurídica, además de haberse hecho en colaboración con las trabajadoras sociales del Ayuntamiento. “Quien dice que no se puede llevar a cabo lo que hace es poner problemas a una solución que necesitan muchas familias y muchas personas en esta ciudad”, lamentó, para avanzar que el proyecto será presentado mañana a entidades del tercer sector, “agentes sociales que llevan muchos años trabajando en esta ciudad”, para que estos puedan ofrecer también sus propuestas. “Ahora es el momento en que tiene que haber esa participación”, destacó Cameán, que declaró que el Ayuntamiento está “abierto a cualquier mejora”.

También, la responsable municipal incidió en las diferencias que separan la Renta Social Municipal con las ayudas que ya existen para emergencia social: “No es lo mismo. Nosotros entendemos que cuando la gente acude a los servicios sociales no es por no poder pagar una factura, sino que esa es por consecuencia de su principal problema. Y lo que tenemos que hacer es ir a la causa fundamental de esos problemas, atajar esa situación y acompañar a esas personas mediante los itinerarios de inclusión social. Lo que queremos garantizar aquí no es una ayuda puntual”, matizó.