El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, señaló en la mañana de este jueves que fue la presión “social”, y no tanto las previsiones normativas como el Código de Buenas Prácticas de las Entidades Financieras, lo que logró paralizar las ejecuciones hipotecarias por parte de los bancos. “Es lo que me dicen todos los directivos de banca con los que me reúno. No las hay porque da una imagen pública terrible”, destacó el regidor durante su intervención en una de las mesas redondas de la VII Jornadas de Derecho de Consumo que se desarrollan en el Colegio de Abogados. En su intervención, en la mesa centrada en el papel de las administraciones públicas ante los problemas derivados de la insolvencia de los y de las consumidoras, el regidor dio cuenta de los pasos que está dando el Gobierno municipal ante las situaciones de emergencia social que, como indicó, siguen produciéndose a pesar de los indicadores que puedan apuntar a una salida de la crisis. “Aunque hoy hay ciertos datos que lo indican, para la mayoría de la población, y, sobre todo, para las personas que están en situación de riesgo de exclusión social, la situación no ha variado mucho, y los poderes públicos no pueden permanecer ajenos a esta situación”, alertó el mandatario local, quien destacó también que los Gobiernos municipales “pueden y deben” actuar en este campo, con la ayuda del resto de administraciones públicas.

A este respecto, Ferreiro aludió a las reuniones con todas las entidades financieras de la ciudad que impulsó el Gobierno local a su llegada al Ayuntamiento para exigirles una moratoria en los desahucios y como parque de vivienda social, a través de convenios en los que ya se están perfilando. “La práctica totalidad de las entidades confirmaron que no hacen desahucios hipotecarios de primeras viviendas”, informó Ferreiro, quien aludió no obstante a que los casos que se siguen produciendo en la ciudad tienen que ver con el impago de alquileres y con los casos de personas que recurren a prestamistas privados, un asunto del que el Gobierno coruñés ya alertó a los juzgados. “Entendíamos que estas acciones no se estaban detectando y se tramitaban como meras acciones de dominio cuando en realidad tenían un trasfondo mucho mayor”, expuso Ferreiro.

Tal y como indicó el alcalde, el contacto del Gobierno local con los Juzgados permitió también “engrasar” el protocolo firmado por el anterior Gobierno municipal para la detección de situaciones de exclusión social en los juzgados. “Nos enteramos de que, en la práctica, no tenía seguimiento desde el Ayuntamiento y que en los juzgados muchas veces se olvidaban de la existencia del protocolo. Se trata de un buen instrumento normativo que en la práctica no funcionaba. Hoy ya hay comunicación fluida entre los juzgados encargados de las ejecuciones y los servicios sociales municipales, para que cuando se detecte un caso, se ponga de inmediato en conocimiento” destacó Ferreiro, quien indicó que entre 2013, año de su puesta en marcha, y el 2015, el protocolo únicamente atendió 40 casos.

En esta misma línea, el regidor mentó otras medidas municipales para garantizar el derecho a la vivienda, como son la Renta Social Municipal, que el Gobierno coruñés quiere poner en marcha a principios del año que viene para “garantizar las necesidades básicas” a todas las personas residentes en la ciudad; también, el sistema de mediación entre particulares que se está poniendo en práctica desde el Ayuntamiento, para evitar desahucios por impago de alquiler, o el cambio de protocolos de actuación que se impulsaron desde el Ayuntamiento para que el Servicio de información, Valoración y Orientación (SIVO) pueda realizar el diagnóstico de los casos de emergencia en la primera intervención para que sea posible actuar desde el primer día. “Hasta ahora, estas personas podían estar hasta cuatro meses en espera para ver a una trabajadora social”, indicó el regidor.

Ferreiro lamentó, en esta línea, las imposiciones de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que “no permite potenciar los servicios sociales a través de la contratación de más personal”. “Para dar una buena cobertura, deberíamos poder potenciar los servicios sociales a través de la contratación de más personal, pero la Ley de Estabilidad Presupuestaria no lo permite”, lamentó.

En su intervención en las jornadas, en la que Ferreiro estuvo acompañado por el director general del IGVS, Heriberto García Puerto, y del decano de la facultad de Derecho, José Manuel Busto Lago, el alcalde equiparó los desahucios a un quebranto de los “derechos fundamentales”. “Se trata de la dignidad de las personas y, por lo tanto, de los principios más elevados de nuestro sistema jurídico”, defendió.