Entre los objetivos de esta ordenanza figuran: regular de forma clara las distintas modalidades del servicio (SAF dependencia, SAF básico e intervenciones por urgencia social), así como los criterios de acceso, intensidad, revisión y finalización de la prestación; establecer un sistema de copago basado en la capacidad económica de la persona usuaria, conforme a la normativa autonómica, garantizando los principios de equidad, solidaridad y sostenibilidad; fomentar la intervención social individualizada, a través de la elaboración y seguimiento de proyectos individualizados de intervención, garantizando una atención personalizada, integral y centrada en la persona; reconocer los derechos y deberes de las personas usuarias, promoviendo su participación activa en el proceso de intervención y la defensa de sus derechos en el marco de una atención digna, profesional y respetuosa; reforzar el carácter preventivo, rehabilitador y comunitario del SAF, especialmente en las situaciones de vulnerabilidad social, contribuyendo a la inclusión social y a la cohesión comunitaria; mejorar la gestión del servicio y la coordinación interinstitucional, estableciendo un marco normativo que favorezca una intervención eficaz, ágil y adaptada a las necesidades reales de la población; garantizar un acceso equitativo al servicio mediante un sistema de copago progresivo, que tenga en cuenta la capacidad económica de las personas usuarias y que establezca medidas correctoras para situaciones de vulnerabilidad social o riesgo de exclusión; fomentar la participación ciudadana y de las entidades representativas en la definición de la norma, garantizar los derechos de las personas usuarias y asegurar canales eficaces para la información, reclamación y mejora continua del servicio.

La ordenanza será de aplicación al servicio público de ayuda a domicilio que se desarrolla en el término municipal del Ayuntamiento de A Coruña.

En él se establece que, con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de la nueva normativa, se llevará a cabo una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente, en la que se solicitará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma acerca de los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos de la norma y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. Se adjunta como anexo un documento en el que se detallan todas estas cuestiones, sin perjuicio de las modificaciones que se puedan introducir durante el proceso de elaboración definitiva de la citada ordenanza.