Ayuntamiento de A Coruña

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10 de agosto de 2017

El gobierno local demanda al Ministerio de Justicia que "muestre un verdadero compromiso contra las violencias machistas" y evite la parálisis del juzgado especializado en estos casos

La concejala de Igualdade e Diversidade, Rocío Fraga, destaca que "la situación que se está viviendo en el juzgado coruñés de violencia sobre la mujer es simplemente indignante", y recuerda que "la lucha contra las violencias machistas debe de ser una cuestión de Estado, y como tal, tener medios y presupuestos precisos"

El Ayuntamiento de A Coruña solicita al Ministerio de Justicia que tome las medidas que sean necesarias para evitar la paralización del juzgado coruñés de Violencia sobre la Mujer, que dejará de tener titular durante un mes, hasta el 13 de septiembre, ante la negativa de la administración central de cubrir su puesto durante las vacaciones. La concejala de Igualdade e Diversidade, Rocío Fraga, calificó hoy esta situación de "esperpéntica e indignante" e indicó que "la lucha contra las violencias machistas debe de abordarse como una cuestión de Estado, lo que implica tener presupuestos y medios suficientes para combatirla". "Estamos hablando de la vida de muchas mujeres, estamos hablando de defensa, de cuidados y de dignidad. No puede ser posible que una administración pública abandone a la gente", explicó la responsable municipal, que quiso mostrar la solidaridad "del gobierno local con el personal de los juzgados, que deberá atender una importante carga de trabajo en un contexto general de falta de medios y recursos para una correcta atenciones a las mujeres y a sus hijos e hijas".

La concejala reconoció también la labor desempeñada por diversos colectivos como el sindicato judicial Alternativas na Xustiza y el Colegio de Abogados, "que dieron la voz de alarma sobre esta situación". "El Ayuntamiento de A Coruña también da un paso al frente en esta reclamación. Lo que esperamos ahora es la implicación del resto de administraciones. No podemos creer que ni Xunta, ni Secretaria de Igualdade ni Ministerio de Justicia tengan prevista ninguna solución ante una cuestión que no es puntual o imprevista, ya que todos y todas sabemos que los jueces, las juezas y el personal de la administración de justicia tienen, como los y las demás trabajadoras, derecho a vacaciones", comentó Fraga, quien insistió en la gravedad de la situación. "Los propios colectivos del sector indican que es un caso insólito ya que es la primera vez que no se busca personal de sustitución. Esto no viene más que a dejar clara la falta de compromiso real por parte del gobierno central en la lucha contra las violencias machistas", insistió. "El argumento, en este caso, es la falta de presupuesto, a lo que se le añade la negativa de adelantar fondos para llevar a cabo esta sustitución", dijo.

"No nos podemos llenar la boca con palabras contra las violencias machistas y luego no dotar esta lucha de los recursos necesarios. Insistimos, como ya lo hicimos muchas más veces, incluso desde el propio Pleno, que es necesario articular un auténtico pacto contra las violencias machistas, en el que la dotación presupuestaria nunca sea un impedimento", indicó la titular de Igualdade, que recordó que los colectivos feministas cifran en 120 los millones necesarios para articular un auténtico pacto que abarque a todos los sectores de la sociedad. "Al igual que la ciudadanía se está corresponsabilizando en diferentes procesos de transformación social, ya es hora de que las violencias machistas sean abordadas como una cuestión de Estado, con su preciso reconocimiento en los presupuestos", señaló.

"La negativa a sustituir al juez titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer se suma a una situación de sobrecarga de trabajo. La jueza o juez de guardia estará obligado a compatibilizar sus tareas con las propias del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, con los consecuentes perjuicios para las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas", hizo notar la responsable municipal. "Esta situación ya obligó a suspender ocho juicios civiles, en los que se abordarían cuestiones como medidas cautelares, modificaciones de pensiones o procedimientos de guardia y custodia de menores, quedando así aplazados hasta octubre. No se puede tolerar", manifestó la concejala Fraga, quien pidió la implicación del resto de administraciones para hacer más visibles estas demandas.

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